El gremio AMET dio un paso histórico en el reconocimiento de nuevos derechos al proponer un nuevo régimen de licencias para los docentes que sean víctimas de violencia de género. El anteproyecto fue elevado al Poder Ejecutivo provincial por el secretario general, Rufino Fernández, en un marco de amplio consenso y a la espera de su aplicación en el corto plazo.

La propuesta de AMET fue entregada a la ministra de Educación, Susana Benítez, con argumentos basados en “el precedente que marcan distintos organismos internacionales al reconocer la violencia de género como un flagelo que afecta a todo el entramado social de una forma que hace necesaria la instauración de un marco legal apropiado”, explicó el titular de la organización sindical.

“Hoy los docentes que padecen estas situaciones tan lamentables deben tramitar sus licencias por enfermedad, pero la realidad es que no se trata de una enfermedad sino de un abuso, un ataque violento que vulnera a la persona de una forma tal que se hace indispensable un mecanismo de contención en el ámbito laboral”, sostuvo Rufino Fernández.

La misiva entregada a las autoridades provinciales propone la sanción de un decreto que modifique el actual Régimen de Licencias para el sector educativo de forma que se considere la violencia de género como causal de inasistencia, con lo cual los trabajadores que resulten víctimas de este tipo de episodios podrán justificar su ausencia sin que su situación resulte maquillada como problemas de salud.

En su proyecto, AMET explica el concepto de violencia de género como una figura que trasciende el marco de los delitos contra la mujer, ya que apela a la definición más amplia: “se entendería como una violación de los derechos humanos, y que afectaba tanto a las mujeres, hombres, niños, niñas. En concreto, que con la expresión género se refiere a los de sexos femeninos y masculinos; en definitiva, que engloba cualquier acto perjudicial cometido en contra de la voluntad de una persona y basado en la diferencias de atribución social (género) entre hombres y mujeres”.

Otro párrafo revelador del proyecto señala lo siguiente: “No se puede desconocer que los especialistas en el tema, principalmente a partir de la década de los años 2.000 en organismos internacionales, supranacionales y privados (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados; UNICEF, agencia europea EIGE, Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma más adelante, entre otras) se instaló la concepción que la expresión ‘violencia de género’ se entendería como una violación de los derechos humanos”.

Para Rufino Fernández, el anteproyecto de AMET para la licencia por violencia de género “representa un avance cualitativo para nuestras instituciones y contribuirá a la prevención de este flagelo que lamentablemente está presente en miles de hogares correntinos como un fenómeno de alto impacto social, ya que las personas que lo sufren padecen toda clase de problemas en el ámbito familiar, social y por supuesto laboral”.

“Reconocer que un colega toma licencia porque ha sido objeto de violencia de género es sincerar una situación que contribuirá a conjurar este tipo de delitos tan dolorosos y complejos, en los que el Estado debe estar presente para acompañar al damnificado incluso en materia de legislación administrativa como es el caso que venimos a proponer”, afirmó el titular de AMET.

“Otorgar licencia por enfermedad a alguien que ha sido objeto de un abuso por razones de género es aplicar cosmética a un grave cuadro social que nadie debe ocultar, sino todo lo contrario”, añadió Rufino.

El proyecto en cuestión propone un régimen de licencias de 15 días (renovables según la gravedad del caso) por situaciones de violencia de género, entendida como “cualquier acto basado en una relación desigual de poder que afecte la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también la seguridad personal de la víctima”.