Las políticas previsionales del gobierno de Mauricio Macri impactan de lleno en un sistema en crisis y generan incertidumbre.

Cada vez son más las empresas de medicina prepaga que intentan rescindir de manera unilateral los servicios que prestan a sindicatos. El PAMI, la mayor obra social del país -maneja el quinto presupuesto en importancia nacional-  brinda cada vez menos y peores servicios para los jubilados que abarrotan de quejas los juzgados de previsión social y la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del gerontólogo Eugenio Semino.

Falta de prótesis, demoras de hasta seis meses en la entrega de sillas de ruedas y audífonos, falta de medicamentos, deudas millonarias con los prestadores y cortes de servicios son solo algunas de las falencias de la obra social encabezada por Sergio Cassinotti, el ex director ejecutivo de la Cámara de Droguerías y Distribuidoras Especializadas.

Cassinotti reemplazó a mediados de marzo al médico Carlos Regazzoni, quien fue denunciado dos meses antes, por "abandono de persona". Se trataba de Javier Muniátegui, de 67 años, inválido de nacimiento y con disfunción cerebral grave.

Sucedió que el PAMI, de un día para el otro, interrumpió la asistencia que está obligado a brindarle, como, por ejemplo, los traslados en ambulancia para su debida atención.

En la presentación judicial, Héctor Jorge Fernández, abogado y curador de Muniátegui aseguró: "El titular del PAMI y su troupe de incompetentes e indolentes tiene la plena responsabilidad de lo que ocurre".

Uno de los funcionarios judiciales preocupados por esta situación, y quien ya emitió varias resoluciones a favor de los desprotegidos afiliados, es Juan Fantini, titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social Número 6, quien dialogó con Infobae.

—¿Es común que se den este tipo de situaciones de desamparo médico a afiliados a prepagas, obras sociales sindicales o del propio PAMI?

—En materia de acciones judiciales que involucran a las prestaciones de salud, hacía años que no veía tantos casos como en la actualidad. Esto habla de un agravamiento de la situación. El sistema de salud está colapsado. Y hablo tanto de las obras sociales, como de las prepagas, del PAMI y de los efectores públicos.

La situación del PAMI parece caótica. A diario recibimos reclamos judiciales de jubilados por la falta de medicamentos, por ausencia de camas para internación, porque no los reciben en los geriátricos y ni hablar de las instituciones dedicadas a la salud mental de nuestros mayores.

El PAMI empeora mes a mes. Y esto tiene que ver con una mala administración. Hay prestadores a los que se les adeudan millones de pesos y por eso cortan los servicios o no reciben a más afiliados. Entre otros, hay denuncias de ex combatientes de Malvinas que ya se están movilizando por retraimiento de las prestaciones. Por ejemplo, han dejado de recibir de manera gratuita los medicamentos oncológicos. Pero eso no es todo. Me tocó intervenir en un pedido de medida cautelar contra el PAMI porque una jubilada, que percibía un haber mínimo, corría el riesgo de no contar con la atención del Hospital Italiano y el PAMI la había dejado en abandono absoluto. En otra acción, un ciudadano extranjero con certificado de discapacidad otorgado en nuestro país, perseguía el otorgamiento de una pensión no contributiva por la cual le correspondía ser atendido a través del Programa Incluir Salud (ex PROFE) y también lo dejaron sin cobertura. Nosotros, a través de una medida cautelar, ordenamos que se le brindaran las prestaciones del programa, mientras se discute el derecho a la prestación.

— Entiendo que algunas prepagas no se comportan mucho mejor.

—Mi juzgado intervino en una causa en la que una asociación sindical, con motivo de una decisión contractual de una sociedad anónima que actúa en el mercado de salud, había decidido dejar de prestar la cobertura de salud de los afiliados sin siquiera avisarles.

— ¿Se puede saber cuál es?

—Sí. Las medidas cautelares fueron interpuestas por la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASIMM) contra Prevención Salud S.A. Y estaba destinada a que Prevención Salud mantuviera las prestaciones de los pacientes con necesidades médicas urgentes ya que la intención de la empresa de medicina prepaga era la de rescindir unilateralmente, desde el 1° de febrero, el convenio que mantenía con ASIMM e intentaba dejar sin cobertura a pacientes con dolencias como HIV, cáncer de piel, o a concubinas en estado avanzado de embarazo y fecha pronta de parto.

La resolución del juez Fantini estuvo en sintonía con lo dictaminado por el fiscal federal del fuero, Gabriel de Vedia, quien se basó en los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la valoración personal sobre el derecho a la vida y a la salud. Lo mismo hizo el magistrado cuando dio curso a la cautelar que fue apelada a la Cámara de la Previsión Social.

— ¿Y en este caso no corresponde que intervenga la Superintendencia de Servicios de Salud, que es el órgano de control?

—Sí. Y se hizo. Pero la Superintendencia de Servicios de Salud lamentablemente actúa como un órgano burocrático sin tomar en cuenta las urgencias, como en estos casos. Y esa injustificada dilación daba lugar a un temor fundado de padecer daños graves e irreversibles entre los enfermos y embarazadas. Por eso en el expediente se dio por configurado el peligro en la demora, lo que habilitaba la admisión de la cautelar solicitada.

— Intuyo que entre estos casos y la denominada Reparación Histórica a las Jubilados, y los expedientes en trámites de quienes ya habían iniciado juicios contra la ANSES por reajuste jubilatorio, los juzgados como el suyo y los de sus colegas deben estar desbordados.

—En Capital Federal somos 10 juzgados. En cada uno tramitan, aproximadamente, unos 40.000 expedientes. Es decir, un total de 400.000.

—Una enormidad.

—Y todavía estamos a la espera de los recursos humanos y técnicos que se prometieron para llevar adelante esta tarea. El personal de los juzgados tiene frenada su carrera judicial al no tener ascensos. El último reescalafonamiento del fuero fue hace más de diez años. El Consejo de la Magistratura siempre dictaminó en los últimos años a favor de incrementar el número de juzgados y salas de la Cámara del fuero, pero ello nunca se materializó. Hubiera sido fundamental que los juzgados al menos hubieran sido dotados con una secretaría especial para poder tramitar las homologaciones y así las personas que deciden seguir con su juicio, tal como lo prevé el artículo 3 de la ley, lo pudieran hacer sin correr riesgo de fallecer durante la espera. Así de cruda es la situación.

— ¿El gobierno nacional tiene una verdadera política en materia previsional?

—No. Si nos atenemos a la ley de reparación histórica, pareciera que busca cerrar una etapa para diseñar un nuevo sistema previsional sobre el cual se está trabajando, pero irá para largo. En esas primeras reuniones ya comenzaron a surgir dudas sobre el grado de cobertura, edad mínima jubilatoria y, fundamentalmente, su financiación.