El presidente electo, Alberto Fernández, cumplió antes de asumir compromiso de liberar de rejas a la histórica Plaza de Mayo, que un año atrás había sido dividida por una empalizada permanente que el Gobierno de la Ciudad colocó para impedir el acercamiento de las manifestaciones.



Fernández mantuvo un encuentro con el jefe de Gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, para que el vallado metálico fuera retirado antes de su asunción y asó ocurrió: en poco más de 12 horas los operarios liberaron a la plaza del enrejado.
El presidente electo había anunciado tiempo atrás que “me ocuparé de sacarle las rejas a la Plaza de Mayo: que vayan, la disfruten, se quejen. Es la plaza de todos”.
Cabe recordar que en enero de 2019, la Justicia porteña falló contra las rejas instaladas dentro del plan de obras de renovación del predio que duró seis meses tras la presentación de un amparo del Observatorio del Derecho a la Ciudad. En ese momento, el juez Osvaldo Otheguy declaró ilegal su colocación, debido a que no respetaba un artículo del Código Urbanístico que rige sobre la disposición urbana en la Plaza.
“Las rejas no sólo funcionaban como medidas de contención frente a grandes concentraciones y protestas, sino también como una fragmentación permanente de un Monumento Histórico Nacional como es la Plaza de Mayo”, alegaban en su rechazo desde la ONG vecinalista.
Los vallados de seguridad aparecieron en ese paseo emblemático de la Argentina a fines de 2001 y comienzos de 2002, como contención metálica inicialmente precaria para protección de la sede gubernamental durante manifestaciones populares.
En 2018 el Gobierno porteño realizó una serie de remodelaciones en esa plaza entre las cuales se encontraba la colocación de una reja permanente de mejor calidad estructural y estética, con portones que permitieran o restringieran el ingreso hasta la mitad de la plaza más próxima a la Casa Rosada, ya fuese para peatones o para vehículos que deban transitar por las calles Yrigoyen o Rivadavia.
Por acción de la ONG que presentó un recurso de amparo, el Juzgado de Otheguy declaró ilegal a ese cerco por no haber sido autorizado por ley, ya que se trata de un Área de Protección Histórica Específica.
Este año, la mayoría oficialista en la Legislatura aprobó el proyecto del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, para introducir en el Código los cambios que se requerían para considerar legal el enrejado. Todo ese entramado legal quedó ahora sin efecto por pedido del presidente electo. Nadie dice quién repondrá los 45 millones de pesos que costaron las rejas que ahora fueron retiradas.